Las rentas no declaradas no prescribirán nunca

El Consejo de Ministros ha aprobado, dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal, la “imprescriptibilidad de las rentas no declaradas en el extranjero” lo que implica que las rentas no declaradas no prescribirán nunca.

Se crea una nueva obligación de informar sobre cuentas y valores situados en el extranjero, mediante el modelo que se aprobará al efecto. Según la referencia del Consejo de Ministros, están incluidos todo tipo de títulos, activos, cuentas en entidades financieras así como valores, seguros de vida o inmuebles.

Se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. Las rentas descubiertas que no hayan sido declarados se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.

De esta forma, los incrementos de patrimonio que no hayan declarado antes del 31 de diciembre y que sean descubiertos por los inspectores de Hacienda, se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.  Es decir, Hacienda considerará que los incrementos de patrimonio descubiertos y no declarados se habrán producido cuatro años antes a efectos de tributación y sanción fiscal  aunque el contribuyente pueda demostrar que este incremento (por ejemplo, una herencia o una compraventa) tenía una antigüedad superior a los cuatro años.

Cabe recordar que en IRPF la tributación de las rentas descubiertas conllevará la aplicación de tipos marginales, en muchos casos superiores al 50%, en el caso de la normativa estatal y del  45% en el caso de tributación en Bizkaia, la liquidación de intereses de demora correspondientes a cuatro años y la exigibilidad de las sanciones tributarias correspondientes.

En muchos casos la cuantía de la cuota defraudada conllevará que el incumplimiento sea constitutivo de delito fiscal. El incumplimiento de esta nueva obligación de información llevará aparejado un régimen sancionador propio a razón de cinco mil euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de diez mil euros.

El cambio es significativo. Por ejemplo, ahora, un contribuyente que sea descubierto con una renta no declarada solo deberá responder ante el fisco por los intereses obtenidos en caso de que sea capaz de demostrar que ese patrimonio procede de un ejercicio prescrito.

Con la nueva normativa, Hacienda podrá sancionar y hacer tributar por el principal (no solo los intereses) aquellos importes defraudados en periodos ya prescritos, aunque se pudiera demostrar fehacientemente que el origen de esa renta no declarada se produjo en un ejercicio prescrito, y todo ello por tratarse de rentas no declaradas al fisco.

Se estima que estas medidas pueden entrar en vigor a principios del ejercicio 2.013, de manera que, una vez entre en vigor esta norma, las rentas no declaradas no prescribirán nunca y se tributará por las mismas como si se hubieran obtenido en un ejercicio no prescrito, independientemente del año en el que efectivamente se hubieren obtenido.

El fraude fiscal prescribe a los cuatro años y a los cinco años cuando la cuantía evadida supera los 120.000 euros, umbral a partir del cual se considera que existe delito fiscal. Esos límites se mantienen.

Esta medida supondría la eliminación de la prescripción de las rentas no declaradas, lo que a priori podría ser inconstitucional por ser contraria a  la Constitución Española al entrar en confrontación con el principio de seguridad jurídica. Nuestro código penal únicamente establece la no prescripción para delitos contra la humanidad, de genocidio y otros de similares características.

Ante esta situación, Kategora recomienda realizar una declaración complementaria en la que se informe sobre las cuentas y valores situados en el extranjero así como reconocer las rentas no declaradas mediante una declaración complementaria a través del modelo establecido, ya que, una vez superado el plazo limite para realizarlo, las rentas no declaradas no prescribirán nunca, y en caso de ser descubiertas se imputarán al último periodo de los no prescritos, siendo posible además que dicho incumplimiento sea constitutivo de delito fiscal.